El caso Balogun se ha convertido en una crisis institucional para la FIFA porque la polémica ya no gira en torno a una tarjeta roja, sino a la percepción de que el poder político puede influir en decisiones disciplinarias deportivas. La llamada de Donald Trump a Gianni Infantino, confirmada tanto por el presidente estadounidense como por su homólogo de la FIFA, apunta a que precedió a la suspensión de la sanción automática al delantero estadounidense Balogun, que al final ha jugado los octavos ante Bélgica, un movimiento absolutamente excepcional que ha provocado acusaciones de trato de favor. La reacción de Bélgica era previsible: si un rival obtiene una ventaja competitiva por una decisión considerada irregular, la impugnación del partido se convierte casi en una obligación. El problema para la FIFA es el precedente. Otras federaciones todavía vivas en el Mundial ya argumentan que, si Balogun puede beneficiarse de una revisión extraordinaria, también deberían revisarse las tarjetas de sus jugadores. El daño reputacional ya está hecho: la credibilidad de la independencia disciplinaria de la FIFA ha quedado cuestionada y el debate ha pasado de los terrenos de juego a los despachos.